El CGE defiende que tanto la reducción impositiva como la fijación de un precio máximo de venta al público se extienda a todas las mascarillas, siempre que esté certificada su eficacia.
En opinión del presidente del Consejo General de Enfermería, «hay que ir más allá y deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables, para todas esas familias e individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos derivados de la situación socioeconómica desatada por esta emergencia sanitaria. Lo ideal sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el sistema nacional de salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano. Es lo más justo y sensato». Según algunas estimaciones, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas.
Uno de los
errores más frecuentes que comete la población, muchas veces por la imposibilidad económica que tienen para adquirirlas, es prolongar el uso de la mascarilla más tiempo del debido. Esto genera un problema de salud pública, ya que ni están protegidos ni evitan la transmisión del virus a los demás.
Las mascarillas FFP2 (más de un 95% de filtración) y las FFP3 (más del 98% de filtración) son autofiltrantes, consideradas como Equipos de Protección Individual (EPI), y pueden llevarse un máximo de 8 horas. Para que sean homologadas deben cumplir con la normativa UNE EN-149 y llevar el marcado europeo CE.
