Los parlamentarios pidieron «acciones inmediatas» para ayudar a los servicios de inteligencia a enfrentar a «este adversario», al que calificaron como «muy capaz», y pidieron además un mayor control sobre los ciudadanos rusos que ingresan en el país, muchos de ellos supuestos espías, así como sobre el dinero que mueven.
Legislación protectora
El ministro de Transporte, Grant Shapps, detalló este miércoles en un programa de Radio 4 que se está estudiando una nueva ley que exija que los agentes extranjeros se registren en Reino Unido, y aunque reconoció que la medida no es la «única solución», la calificó como «útil», ya que abre un camino para la extradición de espías. Shapps aseguró además que este es el «momento adecuado» para que se pongan en marcha «poderes adicionales».
El informe, cuya publicación había dilatado Boris Johnson desde antes de las elecciones del año pasado, afirma que Rusia ve a Reino Unido «como uno de sus principales objetivos en Occidente», por lo que una de sus recomendaciones es hacer importantes cambios legislativos, ya que una nueva Ley de Espionaje evitaría que los agentes actúen de forma anónima, y serviría para llenar los vacíos en el manejo de la amenaza.
En el mismo programa de radio, el secretario del Interior en la sombra de los laboristas, Nick Thomas-Symonds, prometió el apoyo de su formación a la puesta en marcha de las recomendaciones de la Comisión, y acusó al gobierno de no haberle ofrecido a los servicios de seguridad «el apoyo estratégico, las herramientas legislativas o los recursos necesarios» para defender los intereses del país. «No hubo un solo ministro, ningún departamento gubernamental, que fuera responsable de la protección de nuestra democracia», denunció.
En una escueta reacción, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó el informe como una muestra de «rusofobia».
