«El Gobierno griego ha aprobado medidas para no registrar solicitudes de asilo durante un mes y devolver a Turquía», lamenta al otro lado del teléfono María Serrano, responsable para Europa de AI. «Desde el punto de vista del derecho internacional, no hay justificación», apunta.
En marzo de 2016, la UE alcanzó un acuerdo con Ankara para frenar la llegada de refugiados, en muchos casos ciudadanos sirios que huían de una guerra que cuatro años más tarde continúa arrasando su país. A cambio de acoger a los refugiados en su territorio, Erdogan obtuvo dinero y otras concesiones de Bruselas, que dejó su política migratoria «en manos de Turquía», como recuerda AI.
Coste humano
«El juego político entre Turquía y la UE tiene un coste de vidas humanas», denuncia Serrano. «En Turquía, se producen devoluciones en caliente de refugiados a Siria. Por ese motivo, cuando Erdogan anunció que iba a dejar de contro las salidas, muchos han intentado a huir», añade, subrayando que el país no es particularmente célebre por su respeto a los derechos humanos.
Durante los últimos días, se han registrado choques entre antidisturbios griegos y refugiados, con imágenes que muestran cómo los agentes han empleado gases lacrimógenos «contra hombres, mujeres y niños», como puntualiza Serrano. Ayer, un niño murió frente a la costa de la isla griega Lesbos, después de que los inmigrantes volcaran la barca, con la intención de forzar un rescate de los guardacostas griegos.
Tras la muerte de una treintena de soldados turcos en Idlib, una provincia del norte de Siria, a manos de soldados del régimen de Damasco, Erdogan anunció su deseo de reabrir las fronteras para dejar pasar a los refugiados, con el objetivo de presionar a la UE. Según las cifras oficiales, alrededor de 3,5 millones de refugiados sirios viven actualmente en Turquía.
