El Gobierno cubano parece querer que el juicio tenga lugar casi en la clandestinidad, para evitar que ONGs u organismos internacionales denuncien las irregularidades que se están produciendo (como la extorsión de testigos como publicó ABC ayer) y que presionen para enviar a observadores que supervisen la transparencia y la legitimidad del proceso. Un proceso plagado de irregularidades desde la misma detención de Ferrer, el pasado 1 de octubre, cuyos cargos o delitos por los que fue encarcelado no trascendieron hasta mediados del mes de enero. Fue entonces cuando la fiscalía acusó al opositor de lesiones, privación de libertad y atentado contra un ciudadano, y por los que quiere condenarle a 9 años de prisión. También han sido acusados de los mismos delitos los activistas Fernando González Vaillant, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, que forman parte de la plataforma disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que coordina José Daniel Ferrer.
Con el silencio que ha vuelto la celebración del juicio, el régimen cubano parece querer evitar que la comunidad internacional se movilice, como ya hizo tras la detención de Ferrer. Sin embargo, este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, exhortaba al Servicio Europeo de Acción Exterior, países miembros de la UE y medios de comunicación europeos a enviar representante para monitorear el juicio.
Desde el Parlamento Europeo, la vicepresidenta encargada de América Latina, Dita Charanzová, miembro del grupo liberal Renew Europe que impulsó el pasado mes de noviembre una resolución de urgencia pidiendo la liberación inmediata del opositor, no se mostraba optimista sobre el resultado del proceso contra Ferrer. «Tengo pocas expectativas de que José Daniel Ferrer tenga un juicio justo, dado todo lo que hemos visto hasta ahora. Desde que le detuvieron arbitrariamente en octubre, ha habido todo tipo de irregularidades en el proceso, además del abuso y tortura a la que fue sometido José Daniel. Por lo tanto, el Parlamento Europeo estará siguiendo el caso de cerca y reaccionará en consecuencia.», declaró vía correo electrónico a ABC.
Una de las condiciones del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la UE, que todavía no ha sido ratificado por todos los países, es que los derechos humanos sean respetados en la isla, algo que ha incumplido de manera reiterada el Gobierno cubano como ha evidenciado la ONU en varios informes recientes.
Aunque no hay confirmación oficial, desde Bruselas estarían trabajando con el Servicio de Acción Exterior para ver si es posible que alguien de la delegación de la UE en Cuba este presente en el juicio, que durará un día. La sentencia se conocerá, según fuentes consultadas por este periódico, en el plazo de diez días.
Por otra parte, Amnistía Internacional recriminaba ayer, a través de las redes sociales, al presidente cubano Miguel Díaz-Canel por no haber contestado a su carta en la que le solicitaba poder «observar» el juicio de José Daniel Ferrer. A continuación le pregunta si «¿tiene el gobierno algo que esconder?». Y le vuelve a pedir acceso para viajar a Cuba para observar el juicio.Aún tampoco a llegado citación para los familiares
Quien tampoco tenía claro ayer por la tarde (hora local) si iba poder asistir al proceso era la esposa de Ferrer, pues la casa donde vive -que es también la sede de la Unpacu- está rodeada de policías desde hace días. «La única manera de no ir sería que me detuvieran pues se mantiene el operativo policial y no descartamos que mañana puedan querer detenernos [acudirá con los hijos] al igual que a los testigos».
Desde este lunes activistas de Unpacu y otras organizaciones opositoras en las provincias orientales, han reportado en las redes sociales cercos policiales para impedir que se trasladen a la provincia de Santiago de Cuba para el juicio deFerrer, informa el corresponsal de ABC en La Habana Jorge Enrique Rodríguez.
También se produjeron este martes detenciones, como la del activista de la Unpacu Abel Peña del Cristo. «Esta ola represiva del régimen se debe a que no quieren presencia en el juicio a nuestro líder José Daniel Ferrer», expresaba la activista Gretchen Alfonso Torres, en las redes sociales.
Bajo el hashtag #YoSoyElQueAcusa, decenas de opositores se han movilizado en solidaridad con Ferrer. Los cercos policiales también son para impedir manifestaciones en las calles del país reclamando la libertad inmediata de Ferrer y denunciar las irregularidades tanto de su arresto como la invalidez del cargo penal que se le imputa.