La Misión de la ONU investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como casos analizados en detalle a lo largo de las 443 páginas del informe que analiza las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el año 2014 hasta mayo de 2020. Pese a requerirlo en infinitas oportunidades, el gobierno prohibió a la Misión viajar a Venezuela para llevar a cabo la investigación dentro del territorio.
En él concluye que Nicolás Maduro y altos cargos del Gobierno de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad. «El presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes».
Con relación a las ejecuciones extrajudiciales llamadas por el Gobierno de Venezuela «las Operaciones de Liberación del Pueblo» (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, el informe asegura que dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. «La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa».
En materia de detenciones y tortura, concluyen que las policías política de Maduro, el SEBIN y el DGCIM, tenían como objetivo identificar a la disidencia para apresarlos, el primero se enfocaría en los civiles y el segundo en los militares, que posiblemente pudieran intentar un golpe de Estado.
A fin de corroborar los patrones identificados en los casos investigados, la Misión examinó otros 2.891 casos de violaciones de los derechos humanos en las cuatro áreas de su mandato: poder judicial, violaciones relacionadas con las protestas, ejecuciones extrajudiciales y detención y tortura por motivos políticos.
Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.
