Este referéndum, que será votado el próximo 26 de abril, fue, junto a la implementación de una «Nueva agenda social», la principal medida adoptada por el presidente Sebastián Piñera, con el consenso de los principales partidos políticos, para sofocar las protestas y recuperar el pacto social. Una pacto social roto el pasado mes de octubre por unas protestas, extremadamente violentas, contra la subida de las tarifas del metro. La medida, a pesar de su pronta retirada por parte del Gobierno, hizo aflorar el malestar soterrado que latía en la sociedad chilena. Las movilizaciones se multiplicaron por todo el país durante los meses siguientes, dejando más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos y una imagen muy deteriorada de Chile por las denuncias de abuso de la fuerza y violación de derechos humanos. También golpearon duramente a la economía, que sufrió importantes pérdidas (el país tuvo que renunciar a acoger la Cumbre del Clima, CO25, que finalmente se celebró en Madrid).
Casi seis meses después del 18-O, Chile se enfrenta a cuatro grandes desafíos, según explica a ABC Cristian Pizarro, asesor de la dirección del periódico chileno «El Mercurio». «El primero es recuperar el pacto social en el país, que se ha quebrado en estos meses. Sin ese elemento ningún país puede salir adelante; el segundo, recuperar el orden público: la violencia se ha instalado con mucha fuerza en los últimos meses, y mientras eso no se erradique va a ser muy compleja la salida de esto».
Desorden generalizado
Pizarro, de visita en Madrid, cree que los violentos que están detrás de las protestas, «que son una minoría pero que tiene una gran capacidad para generar violencia y hacer daño logrando cobertura mediática», no van a calmarse ni con una nueva Constitución ni con la agenda social. «Buscan un desorden generalizado del país. De alguna manera están desafíando la autoridad. Las medidas que se están tomando apuntan a los sectores moderados de la sociedad, que constituyen la mayoría».
El tercer desafío que debe afrontar el país es este plebiscito, el primero desde 1989, cuando se votó a favor de una serie de cambios a la Constitución del 80 y que fueron aquellos que permitieron la transición. Con dos meses por delante de campaña, que probablemente reavive la tensión social, la aprobación de un nuevo texto cuenta,hasta ahora, con el 67% de apoyo, frente al 27% que está en contra, según la consultora Cadem. «La opción Apruebo empezó con una altísima aprobación, sin embargo el rechazo a una nueva Constitución ha ido creciendo, fundamentalmente por la violencia y el desorden que todavía subsiste en el país. Aquellos que han dicho que apoyan el rechazo -puntualiza-, lo hacen buscando una serie de reformas sobre el texto actual, que no consideran contiene elementos muy rescatables que han permitido el desarrollo del país, pero que sin duda requiere de cambios sin tener que empezar de cero».
Los que aprueben una nueva Constitución deberán decidir también «si quieren que el nuevo texto lo elabore una asamblea constituyente, elegida íntegramente por la ciudadanía; o que la elabore una asamblea mixta, elegida por ciudadanos y parlamentarios».
Independientemente de la opción que gane, Pizarro ve con cierta preocupación las expectativas que la formulación de una nueva Carta Magna está generando entre la población chilena, «se cree que ese nuevo texto va a solucionar los problemas de esta crisis. Las Constituciones son grandes reglas del juego dentro de las cuales se deben generar las políticas públicas y los programas de gobierno que prefieran, a través de las elecciones, la gente. El ciudadano no va a advertir un cambio inmediato, y puede no ver cumplidas sus expectativas. Esto podría llevar a nuevos malestares y eventuales estallidos porque la gente va a pensar que la han engañado. Todos deben ser responsables en regular estas expectativas».
El último desafío que afronta Chile tiene que ver «con los temas de desigualdad e inclusión -algo que arranca hace más de 30 años- que están en la base de esta crisis. El país no puede soslayar estos asuntos », subraya. En ese sentido, el Gobierno del presidente Piñera ha puesto encima de la mesa una agenda social, entre cuyos principales medidas está la reforma del sistema de pensiones. «Antes de las protestas había una propuesta que luego fue modificada, debido al conflicto, contandose hoy con una normativa mucho más beneficiosa para las personas».
La «Nueva agenda social», impulsada por Piñera cinco días después de estallar las protestas, incluye temas sociales -pensiones, salud, precio de los medicamentos, un ingreso mínimo garantizado- y políticos -reducción de parlamentarios, de dietas y de mandatos de reelección-. «Estos últimos aspectos, conforman una especie de agenda, anti abusos y privilegios que es muy importante que tenga éxito.
Uno de los problemas con los que ha nacido esta agenda social es que requiere de un incremento de fondos por parte del Gobierno justo en un momento en el que el país ha sufrido importantes pérdidas económicas -se calcula en más de 3.300 millones de dólares-. Chile se enfrenta además a una disminución importante de su crecimiento económico. El 3% previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado mes de octubre se ha reducido al 0,9%. «El Gobierno ya dijo que tenía que hacer ajustes en la billetera fiscal, y está en un plan de ahorro muy profundo», indica Pizarro.
El presidente Piñera, cuyo índice de popularidad ronda el 10%, reconoció el pasado enero, ante un grupo de empresarios, que «sin crecimiento económico, no hay ninguna agenda social sustentable». Por este motivo, el Congreso aprobó esta semana la ley de modernización tributaria, que según el presidente chileno es «más eficiente, equitativa y da certezas jurídicas», y que favorecerá «el crecimiento económico», creando empleo. «Soy un convencido que a pesar de todas las dificultades expuestas, Chile cuenta con capital político y social suficiente para superar estos desafíos. Hemos atravesado por crisis peores y las hemos sorteado con éxito. Soy optimista respecto del futuro de mi país», concluyó Pizarro.
