Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa consideran que ni la presidenta en ese momento ni su ministro de Economía, ni Alejandro Vanoli, titular del Central en aquella época, cometieron delito alguno al utilizar como
referencia de la operación, la cotización oficial de la moneda
(determinada por el Ejecutivo). Asimismo, entiende -a diferencia de las instancias judiciales anteriores- que aquellas decisiones no causaron un perjuicio a las arcas del Estado y no se puede exigir responsabilidades penales por aquellos actos de Gobierno.
«Ni lo funcionarios del BCRA ni la Presidenta de la Nación Argentina y ni el Ministerio de Economía son sujetos activos del delito reprochado» ya que «este sólo podría ser cometido por el Presidente del BCRA que tiene a su cargo la facultad de celebrar contratos de venta de divisas a término», argumenta la juez Figueroa. En esa línea, la magistrada critica los fallos previos condenatorios, califica de «atipicidad de un delito denunciado» y condena «la imposición de medidas cautelares que dañan su vida, patrimonio y honor» en alusión a la actual vicepresidenta, al por entonces ministro de economía, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli (titular del BCRA) y al resto de los miembros del consejo de administración del Banco Central de la República Argentina.
La causa arranca en el 2015, por una denuncia de la oposición al advertir que el Banco Central vendía contratos de «dólar futuro a 10, 6 pesos y a 10,8» a privados, para liquidar entre febrero y junio de 2016. En aquel momento, el precio del «dólar futuro» en los mercados internacionales, como el de Nueva York, era de entre 14 y 15 y el «dólar blue» (negro) con el que se operaba en las calles de Argentina no bajaba de 16.
El Gobierno sostenía artificialmente una moneda devaluada, entonces y ahora. Aquellas decisiones se interpretaron entre los analistas como parte del mecanismo de una bomba de tiempo económica para que le estallara al por entonces presidente electo, Mauricio Macri que asumió el 10 de diciembre de 2015.
El juez federal Claudio Bonadío, entendió que sí hubo perjuicio para el Estado ya que, como resultado de aquellos contratos de venta de dólares, el Banco Central se vió perjudicado con pérdidas de más de 77 mil millones de pesos. La misma opinión expresó, en el 2017, la Cámara Federal, instancia inmediatamente superior pero ayer Casación, que tiene la última palabra, cerró el caso.
