Su equipo legal defiende que está dentro de los privilegios ejecutivos el mantenimiento en secreto de esa información, ya que, de lo contrario, puede dañar la protección que tienen los presidentes para mantener conversaciones abiertas en el desarrollo de sus funciones.
La jueza del caso, Tanya Chutkan, mostró una opinión diferente sobre esos privilegios ejecutivos: «Su posición de que podría estar por encima de la voluntad expresa del poder ejecutivo parece tener como premisa la noción de que su poder ejecutivo ‘existe en perpetuidad’», razonó sobre la exigencia de Trump. «Pero los presidente no son reyes y el demandante no es el presidente», añadió la jueza, que defendió que «es el presidente en su cargo quien está mejor situado para proteger los intereses del poder ejecutivo».
El presidente del comité de la cámara baja, el congresista demócrata Bennie Thompson, aseguró que tras la decisión judicial «vamos sobre buen terreno para conseguir esa información». El equipo legal de Trump ha dejado claro que recurrirá contra ella.
Mientras trata de acceder a esos documentos, el comité también busca que declaren en sede legislativa un amplio número de altos cargos. Uno de ellos, el asesor Steve Bannon, ha sido acusado de desacato por negarse a hacerlo.
