El gobierno, dentro del absolutismo y autosuficiencia que lo caracteriza, dentro de su línea asistencialista sociopopulista, y dentro del clientelismo político determinado por las elecciones; prohibió operaciones empresariales y convirtió trabajadores privados en empleados y subsidiados públicos a través de sus programas FASE.
Esto ha traído como consecuencia disminución de producción, de exportaciones, más importaciones, más necesidades de dólares; desempleo, disminución de compras y ventas, menos recaudaciones, más déficit fiscal, más endeudamiento y uso de emisiones monetarias con riesgos devaluatorios e inflacionarios.
Y sobre todo que empresas prohibidas decidan no seguir operando, abriendo la posibilidad que parte del millón de suspendidos no vuelvan a trabajar y se sumen a los 300 mil desempleados o a los dos millones y medio de informales que tiene nuestra economía.
Más desempleo y más informalidad significa menos recaudaciones y más requerimientos de servicios sociales gubernamentales de trabajadores desprovistos de seguridad social: traduciendo aumento de gastos, deficitis, devaluaciones e inflación.
Más aún: trabajadores que no tendrán ingresos para comprar alimentos y medicinas, más caras por la inflación; por lo cual pueden enfermar y hasta causar más muertes que la que está provocando la pandemia.
Insistimos que lo correcto sería, en lugar de cerrar empresas y asumir el Estado las suspensiones laborales; que el gobierno asista monetaria y fiscalmente a las empresas que cumplan protocolos sanitarios para que reabran y produzcan hasta mantener los empleos creados.
