Por David Ruiz Jiménez
El Jueves Santo, en la Penitenciaría Nacional de La Victoria se produjo un motín, en el cual varios reclusos resultaron heridos. El citado incidente se produce poco tiempo después del contagio y fallecimiento de varios internos que resultaron positivos al Covid-19.
De inmediato la Procuraduría General de la República aseguró que el referido motín había sido provocado por un grupo de reclusos que se amotinó en protesta porque no querrían ser trasladados a otros centros penitenciarios, mientras que en videos enviados a distintos medios de comunicación y que circulan en las redes sociales, se pueden apreciar las declaraciones de reclusos haciendo un llamado de auxilio a las autoridades del penal y alegando que los internos contagiados y muertos por el coronavirus son más que los registrados y reportados por las autoridades, y que los están dejando morir.
Dentro de la triste y fatídica realidad que vive la sociedad dominicana y el mundo por la pandemia del Covd-19, en nuestro país después de la pública confirmación de varios reclusos contagiados del coronavirus y otros que han fallecidos por causa de esta enfermedad, en las últimas horas se ha intensificado y elevado los niveles de tensión, intranquilidad e incertidumbre en el seno de miles de familias que tienen parientes privados de libertad en la Cárcel de La Victoria. Son muchas las madres, padres, hijas hijos, esposas, hermanos, hermanas y amigos que se encuentran tristemente preocupados y consternados por la suerte que pueden correr sus seres queridos recluidos en condiciones inhumanas de hacinamientos en el referido centro penitenciario.
La salud y la vida de miles de seres humanos privados de su libertad en la Penitenciaría Nacional de La Victoria en condiciones espantosas de hacinamientos inhumanos, y consecuentemente, en estado de indefensión frente a la amenaza del Covid-19, quienes corren el inminente riesgo de ser parte de la fatal estadística de contagiados y fallecidos por causa del Covid-19, nos convoca a compartir nuestra valoración sobre las causas generadoras de la preocupante y alarmante propagación del coronavirus y del motín escenificado en dicho establecimiento carcelario.
Son muchos los reclusos que mantienen un cuadro clínico sospechoso de posible contagio del Covid-19 que ameritan ser atendidos y sometidos con carácter de urgencia médica a la prueba correspondiente de laboratorio. Hemos mantenido comunicación antes y después del motín con algunos internos del citado centro penitenciario, quienes han realizado todas las diligencias posibles, en medio de las limitaciones que representa el estado de privación de libertad, ante las autoridades del penal en búsqueda de respuesta y asistencia médica oportuna para el sometimiento a la prueba del Covid-19, pero esos esfuerzos y diligencias han sido infructuosos.
El incidente escenificado el pasado Jueves Santo en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, muy contrario a los sostenido por la PGR, valoramos y consideramos que el mismo tiene su origen en la impotencia, indefensión, tensión, incertidumbre y pánico apoderado de los internos por la indiferencia, insensibilidad, falta de respuesta y asistencia oportuna y eficiente de salud por parte de las autoridades en medio de un significativo progreso de propagación del Covid-19 en un centro penitenciario que concentra la mayor sobrepoblación carcelaria y de hacinamiento del país.
La Penitenciaria Nacional de La Victoria que alberga en precarias e inhumanas condiciones a cerca de ocho mil seres humanos vuelve a estar bajo el foco de la atención pública luego del referido motín que tiene como antecedente el fallecimiento de varios reclusos y un alto número de contagiados por el Covid-19 de una reducida cantidad que ha sido sometido a las correspondientes pruebas de laboratorio. El estado de hacinamiento en que se encuentran recluidos miles de hombres en dicha cárcel, nos permite inferir que cientos de estos internos están infectados del Covid-19 y muchos de éstos corren el riesgo de fallecer. Hay que destacar que la situación en el penal de La Victoria es mucho más grave, dramática y alarmante que la descrita por las autoridades de salud pública y la PGR en lo concerniente a la cifra de infectados del Covid-19.
La opinión pública nacional conoce muy bien la situación crítica en materia de hacinamiento y superpoblación de la cárcel de La Victoria. Conforme al reporte de la Dirección General de Prisiones (DGP) correspondiente al 30 de noviembre del 2018, la tasa de hacinamiento en ese centro penitenciario se sitúa en un 275.5 por ciento. La capacidad de alojamiento de esta cárcel es para dos mil personas, sin embargo, en la actualidad casi ocho mil privados de libertad se encuentran recluido en la misma, es decir, este centro carcelario está albergando a cerca de seis mil reclusos más de su capacidad de alojamiento. Éstos datos deberían asombrar y llamar la atención de La Procuraduría General de la República, la Dirección General de Prisiones y del Ministerio de Salud Público, pues son elementos que sin mucho esfuerzo intelectual e investigativo, nos conducen a explicar de manera objetiva el origen del motín que se presentó el Jueves Santo en dicho centro carcelario como natural consecuencia de una oscura, dramática e inhumana realidad en que viven miles personas colocadas en estado de riesgo, vulnerabilidad, indefensión y desprotección del derecho a la salud, la vida y la dignidad humana por parte del Esta en el contexto de la propagación de la pandemia del Covid-19.
El estado actual de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, visto desde la dramática coyuntura de propagación del Covid-19 con varios reclusos ya fallecidos por causa de esta pandemia, donde muchos otros internos están condenados a padecer el COVID-19, explica el horroroso motín del pasado Jueves Santo. Los múltiples factores de riesgos derivados del citado cuadro de hacinamiento, es natural que genere una reacción y respuesta de resistencia, conservación, amotinamiento y violencia ante el estado de indefensión, desprotección e impotencia en que se encuentran casi ocho mil seres humanos que comparte un espacio físicamente diseñado y habilitado para no más de dos mil personas. ¿Que se puede esperar de miles de seres humanos colocados en estado de riesgo, donde sus vidas corren peligro por la indiferencia, falta de respeto a la vida, la salud y la dignidad que por mandato constitucional el Estado le debe su protección¿
El Tribunal Constitucional estableció mediante sentencia marcada con el número TC/0555/17, del 26/10/2017 lo siguiente: “Es importante destacar, que toda persona, sin importar su situación, se encuentra amparada por derechos constitucionales que no pueden ser objeto de restricción durante su estadía en prisión. Se trata de derechos como el derecho a la vida, derecho a la salud, integridad personal, dignidad humana, el honor personal, entre otros.” “Este tribunal constitucional considera que cuando en un Estado social y democrático de derecho el sistema penitenciario y carcelario no cuenta con una infraestructura adecuada y suficiente, existe sobrepoblación, ofrece mala alimentación y acceso a los servicios de salud a las personas privadas de libertad, las expone a riesgos que afectan su dignidad humana e integridad personal, lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser objeto de barreras y obstáculos infranqueables, lo que constituye una violación grosera y flagrante del orden constitucional vigente.”
La citada sentencia del TC, también establece “Por tanto, le corresponde a la Procuraduría General de la República, en ejercicio de su facultad definir la política penitenciaria del Estado, según establece el artículo 30.20 de la Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público, la ejecución de acciones positivas que permitan a los privados de libertad el respeto de sus derechos fundamentales, tales como, derecho a la integridad física, a la salud, a la vida, de los que se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes, entre las que se encuentran el deber de trato humano digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, higiene y salud adecuada.”
Ante el proceso de propagación del Covid-19 en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, se hace necesario abordar con la debida seriedad y sensibilidad el tema del hacinamiento carcelario como fenómeno social y jurídico que vulnera directamente la dignidad humana de miles de compatriotas, reclusos y reclusas, al vivir éstos confinados en centros penitenciarios y carcelarios bajo condiciones lamentables, sin que las autoridades hayan puesto el empeño para enfrentar esta situación, a través de políticas coherentes y eficaces con el fin de mejorar las condiciones de vulnerabilidad de derechos fundamentales en que permanece una gran parte de la población carcelaria.
