Foro Cívico y Social advierte cuando el poder trata la Constitución como un obstáculo, la democracia comienza a erosionarse.

Santo Domingo. “Ninguna democracia desaparece de un solo golpe. Comienza a erosionarse cuando quienes juraron defender la Constitución empiezan a tratarla como un obstáculo”, advirtió el presidente del Foro Cívico y Social, Dr. Isaías Ramos, al denunciar una acumulación de decisiones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo que, a su juicio, debilitan el Estado social y democrático de derecho.

Ramos sostuvo que no se trata de un hecho aislado, sino de una preocupante manera de ejercer el poder. Citó la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, la corrección de una disposición de la Ley de Facturación Electrónica, los cuestionamientos al nuevo Código Penal y la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24 sobre las candidaturas independientes.

“Cuando varias leyes deben ser anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por afectar derechos fundamentales, el país tiene la obligación de preguntarse si la Constitución está orientando al poder o si el poder intenta acomodarla a sus intereses”, expresó.

El dirigente cívico afirmó que el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para generar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Señaló que juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos han advertido que varias disposiciones podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.

“Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico y se convierte en una amenaza para la convivencia democrática”, enfatizó.

Sobre la sentencia TC/0788/24, recordó que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Advirtió que cualquier legislación que pretenda neutralizar, o que termine neutralizando materialmente, sus efectos compromete la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.

“El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno. El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso. Y el derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos políticos”, afirmó.

Ramos aclaró que el Foro Cívico y Social no sostiene que la República Dominicana viva actualmente bajo una dictadura, pero consideró irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que puedan abrirle camino.

“Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación. Cumplir la Constitución fortalece al Estado, protege la paz social y preserva la República. Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición: es un deber moral, cívico y patriótico”, concluyó.