EL GRAN.
Imaginemos un país donde la Constitución, ese documento sagrado que nos protege y nos guía, se desvanece en las sombras, olvidada y menospreciada. En los próximos días, el Consejo Nacional de la Magistratura evaluará a los futuros miembros que ocuparán las vacantes de los cinco de ese tribunal que ya han cumplido su mandato. ¿Cómo podríamos evaluar el desempeño de este tribunal sin conocer a quienes, al final, los nombran en esas posiciones?
Estamos ante un círculo vicioso que parece imposible fracturar. Aquellos que evalúan y nombran a estos jueces, en muchas ocasiones, son los primeros en violar o no dar validez a la constitución. En otras ocasiones, actúan de manera manipuladora, restringiendo al pueblo el acceso a información fundamental, como es el caso de la propia constitución. Negar derechos básicos es una señal clara de opresión. Al limitar el acceso a la Constitución, se limita el conocimiento de los derechos y responsabilidades cívicas. ¿Qué siente un niño dominicano al crecer en un país donde sus derechos son un misterio?
Es propicio reflexionar sobre las denuncias realizadas por el presidente del Tribunal Constitucional respecto a las sentencias emitidas que, igualmente, fueron ignoradas. También sobre los pedidos dirigidos a los ministros de educación que continúan desatendiendo el mandato del artículo 63, #13, referente a la enseñanza de nuestra Constitución en las escuelas, pilar fundamental de cualquier sociedad medianamente civilizada.
La Constitución es, en esencia, el alma de una nación. Al plasmar en ella los ideales, derechos y aspiraciones de todo un pueblo, es más que palabras en un papel; es el cimiento sobre el cual se construye la nación. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esta sagrada Carta Magna es relegada al olvido y desprecio por aquellos encargados de su custodia?
